18 Agosto

¿QUÉ HACEMOS?

 

Es plausible que por primera vez en la historia del país, la elección de los funcionarios que presiden los organismos de control en el ámbito territorial, se efectué a través de la vía meritocrática, a través de un concurso público y abierto de méritos, en el cual en condiciones de igualdad, cualquier ciudadano pueda competir en franca lid, para que sean sus capacidades y su formación, los elementos determinantes que primen sobre circunstancias de orden subjetivo, de esa forma se está construyendo auténticamente la democracia, enviando de contera un mensaje claro a la sociedad en el sentido que el acceso a las responsabilidades públicas, debe efectuarse ojala siempre por la vía de la sana competencia meritocrática y no del clientelismo ni cualquier otro factor subjetivo. 

Este tipo de iniciativas que en buena hora han sido adoptadas por el legislador, deben expandirse tratándose del acceso a otras responsabilidades de la vida pública, como una expresión nítida del talante democrático que inspira el devenir público, para garantizar que al Estado lleguen los más capaces y éste deje de ser concebido como un botín para la satisfacción de intereses privados, vicio que es menester erradicar con radicalidad de nuestro entorno, si queremos proyectarnos como una sociedad viable y en proceso de lograr un auténtico desarrollo económico y social.Es ese orden de ideas, entidades como las que integran el Ministerio Público, cobran especial relevancia en ese modelo, como medio para que el ciudadano exija a través de las vías institucionales, la reivindicación de sus derechos, así como instancias garantes del interés general y veedoras de la correcta ejecución de la función pública.

Su papel es destacado en el acercamiento del Estado al ciudadano y en especial hacia aquellos sectores sociales marginales, a los cuales debe enfocar el accionar el Estado con mayor énfasis para que la igualdad sea efectiva, en procura siempre de la construcción permanente como un proceso inacabado, de una democracia incluyente y de un tejido social sólido que permita vivenciar en los diferentes escenarios de la vida pública y privada, el ejercicio de los valores consustanciales al ideario democrático.  

Desde ese ámbito, uno de nuestros compromisos expresos, es robustecer los esfuerzos para que desde la primera escuela, el discurso de los derechos humanos deje de ser un discurso abstracto y se conciba como un referente de nuestro accionar en la familia, la escuela y el trabajo. Para ello, impulsaremos las iniciativas de las organizaciones sociales y democráticas que desde los barrios y las diferentes comunas, persigan su promoción y defensa, así como el acercamiento de los jóvenes a su práctica a través de las personerías escolares, las cuales serán prioridad de primer orden en nuestra gestión.

En esta temática, asume un papel destacado la intervención de la academia, los observatorios sobre derechos y las visiones críticas que enriquezcan constructivamente ese discurso desde diferentes ámbitos, así como la articulación de nuestro proceder con el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, para el seguimiento a las recomendaciones de los informes de riesgo concernientes a la Ciudad, de igual forma la promoción y protección de Derechos con Enfoque Diferencial (NNA-Grupos Étnicos-perspectiva de género, entre otros).

En el frente de la democracia participativa, la Personería debe promover e incentivar, el uso de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, como herramientas que coadyuvan en la construcción de la ciudadanía y que adicionalmente generan una dinámica de apropiación de lo público, en contraposición a una nociva cultura de la apatía que en nada contribuye a la estructuración de una cultura política, caracterizada por la participación y el interés permanente por lo público, como un bien colectivo que debe ser celosamente resguardado.

Por último, en medio de la actual coyuntura histórica, ningún estamento gubernamental puede ser ajeno a los desafíos propios del posconflicto, máxime en una región en donde con mayor notoriedad, se sentirá el impacto de una eventual desmovilización de las FARC EP y del ELN en el evento en que prosperen los recientes acercamientos en este último caso. En este tránsito histórico, aspiramos los Colombianos de buena fe, a que se materialice una salida negociada al conflicto que permita que desde la legalidad se genere un debate amplio y pluralista de ideas, a través del sistema electoral, sin la presión de los fusiles, esa circunstancia aparte de fortalecer el famélico tejido democrático del país, permitirá canalizar ingentes recursos, hasta ahora destinados a la guerra, a la inversión en materia social, como respuesta primaria para conjurar las causas que subyacen al conflicto y como mecanismo para el desarrollo productivo y económico del país.

Ciudades como Bucaramanga serán protagonistas de primer orden en un escenario de post- acuerdos, por cuanto ha sido históricamente receptora de desplazados y a su vez gran parte del territorio santandereano, protagonista de este doloroso conflicto, por lo cual, es necesario diseñar estrategias para que el posconflicto, sea considerado como una oportunidad para el desarrollo y el avance social, a la par que se estructuran respuestas eficaces desde la institucionalidad a las víctimas del conflicto a través del fortalecimiento de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado; de la incidencia en construcción de política pública de protección y garantía de derechos a las víctimas, en el Comité Municipal de Justicia Transicional; y la recepción de eventuales desmovilizados en el seno de las comunidades y en el aparato productivo, como condición sine quo non para lograr una paz realmente estable y duradera.

Frente al panorama anterior desde la Personería de Bucaramanga, impulsaremos el Plan Estratégico que se denominará así: “Construyendo democracia”, el cual involucra la defensa a ultranza de los derechos humanos, especialmente respecto a los segmentos sociales con mayores carencias a donde deben enfocarse con prioridad los esfuerzos estatales, una profunda labor pedagógica y formativa en valores democráticos desde la familia, la escuela, el trabajo, la universidad y en general desde cualquier estamento activo dentro del seno de la sociedad civil, generando sinergias para socializar y vivenciar el respeto a la diferencia, el diálogo constructivo y la superación racional de los conflictos. También desde la función pública previniendo a través de estrategias de aprendizaje, conductas que atenten contra la moralidad de lo público y en desarrollo de las facultades sancionatorias su uso con plenas garantías para encauzar el accionar estatal, cuando quiera que este se desvié a fines diferentes a los del bien común.

                                                                                                                                                                                                OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO Personero Municipal

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